Marcelo Bailaque es uno de los dos jueces federales que tiene Rosario para atender todas las causas de narcotráfico, lavado de activos y trata de personas, entre otros delitos de jurisdicción nacional. Esta situación será saldada próximamente, cuando se implemente el sistema acusatorio.
Pero el viejo sistema penal, que demostró su ineficiencia por los cuatro costados, promete concluir en medio de un escándalo de magnitud. El periodista Germán de los Santos reveló en La Nación vínculos alarmantes entre el magistrado y el contador de uno de los líderes narco más peligroso de Rosario, Esteban Alvarado.
Según la información periodística, el contador Gabriel Mizzau llevó durante años los libros de las empresas Toia y Logística Santino, algunas de las firmas que Alvarado utilizó para lavar dinero del narcotráfico y que estaban registradas a nombre de testaferros.
Mizzau también atendía la contabilidad de Bailaque y su hijo, Sebastián Mizzau, entró a trabajar en el juzgado del magistrado en el año 2017. El juez y el contador mantienen una amistad de años, desde que se conocieron en el colegio Dante Alighieri de Rosario y suelen compartir escapadas de fines de semana en las sierras cordobesas en la localidad de Yacanto, donde Mizzau tiene una casa.
El tema cobra mayor gravedad porque en el juicio a Alvarado quedaron expuestos los informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que advertían sobre las actividades del clan ligadas al narcotráfico desde el año 2013.
El jefe de las fuerzas en ese momento, Maximiliano Lencina, quien investigó a la banda hasta el 2016, dijo en su declaración testimonial que el juez Bailaque había rechazado en cuatro oportunidades investigar a Alvarado y nunca accedió a los pedidos para intervenir líneas de teléfono.
Alvarado cumple cadena perpetua en la cárcel de Ezeiza acusado de liderar una de las bandas más violentas que se disputó el negocio del narcotráfico con Los Monos a sangre y fuego. También le recaen las sospechas de haber ordenado los crímenes de dos taxistas, un colectivero y un playero en marzo pasado con el objetivo de sembrar el terror en la población y desafiar abiertamente al Estado provincial y nacional por haber restringido las condiciones de detención de los jefes mafiosos y sicarios.
¿Por qué Bailaque se negó a investigar a Alvarado cuando a su juzgado llegaron los informes de la PSA que daban claros indicios de sus actividades mafiosas desde el 2013? La respuesta es una incógnita. Lo cierto es que, a partir de ese año, la tasa de homicidios en Rosario se disparó a niveles históricos y la ciudad quedó a merced de la guerra brutal entre Alvarado, los Cantero y varias bandas más chicas.
El magistrado contó con vínculos aceitados en la política con terminales en el radicalismo, el PRO y el peronismo que lo apoyaban en la terna para llegar a la Cámara, pero nunca se terminó de sustanciar. Semanas atrás, la diputada socialista Lionella Cattalini presentó una denuncia contra Bailaque en el Consejo de la Magistratura.
Ahora, el juez enfrenta un sumario donde deberá dar explicaciones sobre sus reticencias a investigar a Alvarado y a impedir que las fuerzas de seguridad, en medio de las investigaciones, accediesen a pinchar los teléfonos celulares de la banda. También deberá responder sobre sus vínculos con el contador de Alvarado.
Según la nota de de los Santos, Bailaque negó conocer que entre la cartera de clientes de su amigo estuviese el jefe narco y le echó la culpa a los fiscales de haber impedido que se intervinieran las líneas telefónicas durante la investigación.
Por otro lado, el diputado provincial Carlos del Frade presentó en la Legislatura santafesina un repudio y pedido de explicación a la justicia federal de Rosario sobre las relaciones entre Bailaque y Mizzau «que también prestaron servicios para el asesino, narcotraficante y lavador de activos, Esteban Lindor Alvarado, cabeza visible de una de las mayores bandas narcopoiliciales que actúan en el territorio desde hace quince años», fundamentó del Frade.
El nombre de del Frade apareció en la lista negra de Alvarado que, se calcula, ordenó unos cien homicidios: «Surge una pregunta fundamental ¿cuánta sangre derramada se hubiera evitado de pibas y de pibes en los barrios rosarinos si Bailaque hubiera cumplido mínimamente con su función de juez federal?», interrogó el diputado este jueves en la sesión donde reclamó explicaciones.
