Tras la represión que tuvo lugar en Resistencia durante la movilización contra la ley de Bases, el Sindicato de Camioneros del Chaco denunció penalmente al gobernador del Chaco, Leandro Zdero; al jefe de Policía, Fernando Romero y al jefe del Departamento Infantería, Miguel Agued, por presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, incitación a la violencia colectiva y desobediencia judicial.
La denuncia revela que, el miércoles 12 de junio pasado, por orden del jefe de Policía del Chaco, Fernando Romero, los agentes policiales impidieron que los manifestantes lleguen hasta la sede de la Casa por la Memoria donde iban a seguir las instancias del debate por la ley de Bases en el Senado de la Nación a través de una pantalla gigante, arrojando gas pimienta sin ningún tipo de justificación contra mujeres, jubilados y trabajadores que se encontraban en la primera fila de la pacífica movilización.
Según los denunciantes, este accionar policial ordenado por el jefe de Policía Fernando Romero resultó “ilegal, arbitrario, excesivo, desproporcionado e ilegitimo toda vez que se arrojó spray de pimienta directamente a las personas sin motivo y razón alguna; incumpliendo lo establecido en la ley N° 2399-J y la Sentencia N° 167 del STJCh”.
“De esta manera queda acreditado y configurado el accionar delictivo de los nombrados, quienes directamente cercenaron el ejercicio del derecho a manifestarse, reconocido constitucional y convencionalmente y, encontrándose como servidores públicos obligados a cumplir con la Ley”, subrayan.
Instauración del “odio social” contra quienes protestan
En la presentación judicial, los denunciantes advirtieron que las acciones desarrolladas por los denunciados encuadran en las figuras delictivas de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incitación a la violencia colectiva y desobediencia judicial y que “el mensaje que pretende instalar es preocupante para un estado democrático de derecho”.
“El amedrentamiento a la población que ejerce el derecho a la protesta social y la criminalización de la misma, pretende instalar la idea de que es “ilegal” manifestarse, peticionar, reclamar, cuando en realidad estos son derechos reconocidos constitucionalmente y por el amplio marco jurídico de carácter internacional que tienen jerarquía constitucional”, sostienen.
En ese contexto, subrayan que “la figura de monstruo/enemigo, creada a partir de la persecución y criminalización de quienes se manifiestan, pretende instaurar el odio social hacia quienes ejercen el derecho a peticionar ante las autoridades”.
“No vemos con buenos ojos estas acciones ya que claramente apuntar a eliminar la resistencia política y democrática para, de esa manera, llevarse por delante la dignidad de las personas y legitimar un accionar más similar al estado absolutista que a un Estado Constitucional de Derecho”, afirman los denunciantes.
