Los fiscales federales avanzaron contra el ya investigado magistrado Marcelo Bailaque por acciones que suponen una trama de corrupción institucional. Un caso de 2019 expone el modus operandi en análisis.
El caso testigo que impulsa la investigación por una trama de corrupción entre AFIP y la Justicia Federal de Rosario es un hecho lleno de suspicacias. Una denuncia anónima que llegó a la AFIP, pero que no dejó ninguna trazabilidad en oficina alguna del organismo, y que recibió el juez federal Marcelo Bailaque. ¿Qué hizo el juez allanado este viernes? Se reservó el caso para manejarlo personalmente en lugar de, como se hacía en el 99 por ciento de los casos, delegarlo a los fiscales.
¿Qué pasó? Esa denuncia sin nombre, genérica y puramente declarativa, aludía a un grupo de empresarios que manejaba una mesa de dinero, y que contaba con información interna del de la Justicia Federal de Rosario, la AFIP (desde el mes pasado Agencia de Recaudación y Control Aduanero) y el Ministerio Público de la Acusación de Rosario. Los empresarios señalados eran el titular de una financiera Jorge Oneto, Claudio Iglesias que era directivo de la Aseguradora San Cristóbal y de la Bolsa de Comercio de Rosario y también la empresa Fundar.
Era noviembre de 2019. El juez Bailaque asumió la causa sin, como es de práctica, delegarla a los fiscales. La denuncia le llegó informalmente de la AFIP sin que quede claramente precisado cómo aunque, según el organismo recaudador, no mediante vías formales. Pese a que había diversos nombres de personas e instituciones, Bailaque avanzó con medidas que se centraron exclusivamente en Iglesias. Ordenó el allanamiento de su domicilio, de su despacho en San Cristóbal y también en la Bolsa rosarina.
La difusión pública que tuvo el caso perjudicó seriamente a Iglesias según su entorno. Por esa fecha estaba por definirse en un proceso eleccionario la conducción futura de San Cristóbal y el directivo iba por la presidencia. El estrépito de los allanamientos lo sacaron de esa competencia. También tomó licencia en la Bolsa para defenderse.
La defensa de Iglesias cuestionó con un escrito incendiario la acción de Bailaque. Señaló que Iglesias era blanco de una persecución a ciegas, caprichosa y agraviante, a partir de un papel que no contenía evidencia alguna de lo denunciado, con medidas de pruebas sin un norte definido para determinar después qué cosa investigar. Lo que se llama una excursión de pesca.
Con esa discrecionalidad Bailaque se dejó la causa que le llegó de la AFIP por vía informal. La Cámara Federal sin embargo le dejó la causa al magistrado con los votos de Guillermo Toledo y Elida Vidal. El que cuestionó la acción de Bailaque fue el camarista Fernando Barbará pero quedó en minoría.
Los fiscales federales que el viernes pidieron el allanamiento del despacho de Bailaque, quien es juez federal de Rosario desde 2008, y le secuestraron su teléfono observan en este caso una multitud de hechos sugestivos. Pese a que la denuncia era anónima y genérica, sobre el único que avanzó el juez federal que se quedó con la causa fue contra Iglesias. No tomó medidas contra nadie del MPA, ni de la Justicia Federal, ni de la AFIP.
La sospecha fuerte por versiones informales es que quien le hizo llegar al magistrado la denuncia fue uno de los allanados el viernes: el funcionario de AFIP Carlos Andrés Vaudagna, actualmente asesor externo del organismo, pero que fue jefe de las delegaciones Rosario y Santa Fe del organismo. Algo que aparece confirmado con nuevas medidas de prueba que delatan un vínculo estable entre el juez federal y el funcionario de AFIP.
Y que para los investigadores revelan un modus operandi que en realidad expone un mecanismo de corrupción donde se seleccionaban hechos de delitos penales económicos, como contrabando, evasión o lavado, y presionaban a los aparentes infractores para obtener beneficios económicos. Una red presunta de corrupción institucional.
Este caso contra Iglesias terminó dos años después con el dictado de falta de mérito del directivo de la aseguradora y la Bolsa. Cuando pasado ese tiempo los abogados Oscar Romera y Juan Murray pidieron el sobreseimiento definitivo el fiscal de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) Juan Argibay se negó para revisar el caso. Fue allí que aparecieron detalles sugestivos de un asunto más grande que, en acumulación con otros de diversas causas, derivaron este jueves en las medidas contra Bailaque y Vaudagna.
Lo que las cinco fiscalías federales que trabajan en el caso postularon como hipótesis es que se abrían investigaciones contra personas que incurrían en prácticas irregulares o bien tenían contactos con personas que estuvieron sospechadas de delitos. Le pasó a Iglesias que fue socio de Jorge Oneto, quien estuvo investigado y desvinculado de una resonante causa en Rosario, conocida como megaestafa de fraude inmobiliario, de apoderamiento de inmuebles.
En este caso también fueron objeto de medidas de secuestro de documentación y celulares los funcionarios de la AFIP Fernando Duncan Amante, Luciano Giunta y Pablo Andrés Allegri. Se requisaron los teléfonos de Roman Scatolón, de la Dirección General Aduanera, Omar Rizzo, que es contador y abogado particular, y del funcionario judicial Gustavo Guazzaroni.
Este último trabajaba en la Secretaría del juzgado a cargo de Bailaque que se ocupaba de la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad. Preventivamente la Cámara Federal de Rosario suspendió provisoriamente al secretario de sus funciones hasta que avance la investigación. La misma repartición no tiene atribuciones para separar de su cargo a Bailaque, que actualmente oficia como juez de Garantías en Rosario, desde la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio el 6 de mayo pasado.
Por ello simplemente la Cámara Federal informó de la situación al Consejo de la Magistratura de la Nación. Allí Bailaque afronta una investigación bajo sospecha de haber omitido medidas en el año 2013 que favorecieron a Esteban Alvarado, una figura relevante del campo criminal, que fue condenado por primera vez en Rosario por narcotráfico en el año 2022.
La investigación que tiene a Bailaque como uno de sus ejes se inició hace seis meses por un desprendimiento de una causa originada en el MPA de Rosario. Los hilos de una trama sin profundizar desataron ahora trámites autónomos, todos ligados a corrupción institucional, en cinco fiscalías distintas. Además de Argibay de Procelac Rosario, intervienen los fiscales federales de Rosario Federico Reynares Solari, Matías Scilabra, el de Santa Fe Walter Rodríguez y el de Reconquista Roberto Salum. Las acciones sospechosas atribuidas a Bailaque aparecen en casi todas ellas. Pero no se agotan allí. Escalan hacia altos funcionarios públicos.
