Tres fiscales expresaron diferentes cargos contra el magistrado federal de Rosario en siete horas de audiencia. Pidieron investigar su patrimonio y las llamadas de su teléfono secuestrado.
La idea de que el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, integró con otros funcionarios públicos una trama de corrupción institucional quedó expuesta formalmente este jueves en una audiencia judicial en donde tres fiscales exhibieron potentes y sugestivos indicios.
La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta este viernes porque uno de los defensores planteó la recusación del juez de garantías Eduardo Rodriguez da Cruz, al frente de la audiencia. Pero como acto institucional tuvo una fortísima implicancia. En una jurisdicción donde la Justicia Federal está largamente sospechada por omisiones y opacidades históricas, fue la primera vez en décadas que un juez federal es señalado por un cuerpo de fiscales por delitos ligados a corrupción.
Los casos provienen de una misma o parecida matriz. Uno de los analizados tiene como víctima presunta a un ex directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, Claudio Iglesias, quien hace cinco años fue afectado por una denuncia anónima que le atribuía delitos económicos con la explotación de una mesa de dinero. Según consta explícitamente, la causa judicial se inicia por un escrito anónimo recibido en la AFIP. Pero el arranque del expediente en el juzgado a cargo de Bailaque está registrado digitalmente con una fecha que es previa a ser recibida en el organismo recaudador.
«La AFIP recibió la denuncia después de que Bailaque inició la acción», explicó el fiscal Juan Argibay Molina, de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac). Este fiscal habló de la relación opaca entre personas que ocupan importantes roles como funcionarios públicos. Se centró especialmente en la de Bailaque con el ex jefe de las delegaciones Santa Fe y Rosario de la AFIP, Carlos Vaudagna, quien mientras transcurría la audiencia volvía a ser allanado: esta vez por la orden de un fiscal federal de Reconquista, quien investiga una porosa relación del requisado con directivos de la cerealera Vicentin.
Lo que sugirieron los fiscales que llevaron las denuncias es que Bailaque incurrió en diversas conductas, que suponen la comisión de delitos en su juzgado, motivados en obtener beneficios económicos. Fue por eso que pidieron que se levante el secreto fiscal, bancario, bursátil y el que permite a la UIF pesquisar su patrimonio, tanto del magistrado como de otros involucrados. Dijeron que lo hacían porque, por la evidencia reunida en estas causas, es presumible en el magistrado y otros del grupo conductas para obtener beneficios propios de la criminalidad económica.
Todos los casos que se desplegaron en la audiencia fueron expuestos en artículos previos por LPO. Pero lo que tuvo de novedad la larga jornada de siete horas en los Tribunales Federales de Rosario fue la vivacidad de ciertos detalles sobre los vínculos de los sospechados.
Se confirmó, como estaba insinuado, que las pruebas más elocuentes de una relación impropia entre el titular de un juzgado federal (Bailaque) y un directivo máximo de la AFIP (Vaudagna), proviene de un teléfono de este último, que había sido secuestrado en 2021 por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario. Donde parecen estar contenidos detalles impetuosos, aún sin explorar del todo, que dejan mal parados a actores institucionales y del mundo económico.
Algunos de los secretos de ese celular de Vaudagna perdieron ese carácter en la audiencia. Son las referencias a la amistosa intimidad entre Vaudagna y Bailaque, que el fiscal Argibay describió con ejemplos que fue leyendo textualmente de la copia forense del contenido de aquel aparato.
Este es el caso de aquella denuncia anónima contra Jorge Oneto y Claudio Iglesias, que eran socios en emprendimientos bursátiles en Rosario. El primero había tenido una causa penal por una resonante estafa con inmuebles de la que terminó desvinculado. Los dos fueron allanados, investigados y llevados a indagatoria con el inicio de una causa judicial basada en un anónimo que, como se dijo, aunque se recibió en la AFIP constó primero en el juzgado.
Eso llamó poderosamente la atención a los fiscales Argibay y Matías Scilabra. Que a poco de revisar el caso notaron otra cosa inusual: Bailaque, que delegaba a fiscales el 99% de las denuncias llegadas a su juzgado, retuvo este caso para investigarlo él. Y que tuvo en los primeros días del trámite, a partir de octubre de 2019, un febril ritmo de medidas.
El celular de Vaudagna que llegó del MPA reveló de manera explícita una estrecha y curiosa relación entre Bailaque y el hombre de la AFIP. El contenido demuestra encuentros semanales entre ellos «a comer y a tomar café». El día que se presenta la denuncia anónima contra Iglesias y Oneto, dijo Argibay, estaba prevista una cena con paella que terminaría concretándose después.
Allí aparecen incluso referencias que el alto jefe de la AFIP da a terceros que revelaría que obtiene información de adentro del juzgado federal Nº 4, que condujo hasta mayo pasado el ahora juez observado.
«Bailaque es amigo, te puedo consultar después», le dice Vaudagna a alguien que le pide un dato. «Podemos averiguar con el de Rosario, hoy ceno con él», es otra alusión. «El miércoles tengo todos los datos», le amplía al respecto.
Lo que parece claro para el fiscal Argibay es que funcionarios de la AFIP dieron un impulso especial al trámite de Iglesias y Oneto. El anónimo aludía a varios grupos a investigar y sin embargo solo hubo interés en Iglesias y Oneto. Suponen que buscaban impulsar el trámite y luego dormirlo a cambio de negociaciones económicas que no fueron explicitadas pero que forman parte de algo que la pesquisa aún no quiere revelar.
En un momento la causa, dijo el fiscal Argibay, entró en una paralización desconcertante. «Vaudagna le rinde cuentas al juez. Hacen referencia a la detección de ciertos contradocumentos que no fueron abordados en el trámite del caso».
El vértigo inicial de esta carpeta se apagó rápido. «Se convoca a indagatoria a Oneto e Iglesias. A la semana se dispone la falta de mérito para ellos y el trámite del caso queda planchado a niveles escandalosos», enfatizó el fiscal. No hay explicación de la falta de explicación en el juzgado de por qué el trámite que había sido abierto a toda velocidad quedó muerto. Solo se reimpulsó cuando el abogado de Iglesias pidió, pasados dos años, el sobreseimiento definitivo. Ahí los fiscales Scilabra y Argibay, al echar un vistazo al expediente, encontraron lo que se trató en audiencia.
El contador del juez
Otro de los hechos expuestos para imputación es que Bailaque tuvo para sus cuentas personales el mismo contador que el referente criminal Esteban Alvarado. Este profesional, Gabriel Mizzau, también estuvo sentado entre los investigados.
El fiscal Matías Scilabra, de la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar) dijo que Bailaque no pudo ignorar tal cosa porque él mismo procesó a Alvarado, y entra las constancias de las empresas del narcotraficante aparecía el entramado de cuatro empresas, donde surgía el nombre del contador.
Scilabra señaló que un hijo del contador Gabriel Mizzau había entrado en el juzgado de Bailaque como empleado. Y recordó como un dato adicional que el magistrado tiene una investigación en curso en el Consejo de la Magistratura por denegar intervenciones telefónicas en 2014 y 2015 a personas del entorno de Alvarado que tenía, precisamente, al contador que él conocía.
El amigo de los mil millones
El tercer caso planteado contra el juez fue haber autorizado que fondos millonarios de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Lorenzo y Puerto San Martín, bloqueados por una investigación judicial contra sus directivos gremiales, fueran invertidos en una mutual que manejaba un empresario amigo suyo. Se trata de Fernando Whpei que recibió, por decisión aceptada por Bailaque, administrar un capital de mil millones de pesos en 2021, derivadas al Grupo Unión que controlaba.
El fiscal Federico Reynares Solari explicó que Bailaque fue recusado para tomar medida alguna sobre esos fondos por gremialistas de la Cooperativa debido a que el propio Whpei, que buscaba recibir el dinero bloqueado de la entidad, les dijo que el magistrado era amigo suyo. Bailaque no hizo lugar, destrabó el bloqueo y le derivó los fondos al Grupo Unión. Finalmente la Cámara de Casación impuso a la Cámara Federal de Rosario revisar el caso. Allí Bailaque terminó admitiendo que era amigo del responsable de la mutual a la que le destinó la cifra millonaria.
Dijo entonces que nunca había negado esa amistad. El fiscal dijo que debió decirlo en su momento. Consideró que era un caso de incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato. Y que el vínculo es una cosa probada y presente. «Tanto que pudimos comprobar que Bailaque viajó a Chile en abril de este año (2024) con Fernando Whpei», dijo Reynares.
«Se usaron los escondrijos del viejo sistema. Esta avivada de decir ‘Yo nunca negué ser amigo de Whpei’. El delito se consuma a partir de que Bailaque es consciente de que había fondos destinados que manejaba uno de sus amigos», remarcó el acusador.
El fiscal Reynares también aludió a una conversación del teléfono secuestrado a Vaudagna por el MPA donde el alto funcionario de la AFIP conversa con el entonces senador nacional por Santa Fe Roberto Mirabella. El fiscal quería demostrar la borrosidad del manejo que Bailaque hizo de los fondos de la Cooperativa de Portuarios destinados a la mutual de Whpei.
Según contó el fiscal Reynares en la audiencia, este fue el diálogo. «Vaudagna dice: «Tengo una idea de que un grupo de gente vinculado al negocio financiero pueda ocuparse de la Cooperativa». Mirabella dice: «Me parece medio raro. El juez es Bailaque». Entonces Vaudagna sigue: «Ah, es amigo». Y le contesta Mirabella: «Ahí yo no me meto». No hace falta ser senador nacional para darse cuenta de que todo esto es extraño», subrayó el fiscal.
Cuando la audiencia pasaba las siete horas de duración, uno de los defensores, Paul Krupnik, le dijo al juez Eduardo Rodrigues da Cruz que no podía estar al frente del caso. Pidió su recusación porque este magistrado acababa de integrar el tribunal que condenó por lavado de dinero hace tres semanas a Esteban Alvarado y a su mujer Rosa Capuano. Ambos pueden aparecer en conexión con al menos dos de las personas que están sospechadas en este caso: el contador Mizzau y el juez Bailaque.
El juez había aceptado para entonces que se revisaran varios años de registro de llamadas entrantes y salientes de Bailaque, Vaudagna y Whpei. Pero el resultado de esas decisiones, como la audiencia misma, quedó en suspenso hasta mañana. Cuando el juez Rodrigues da Cruz dé a conocer si acepta, como pidió el defensor, o no correrse del caso.
