El régimen nicaragüense anunció este viernes una serie de medidas con las que aumenta su control sobre las ONG en el país y sigue avanzando en su objetivo de eliminarlas por completo. Entre las modificaciones destacan dos: una que altera su relación con el Estado y otra que elimina las exoneraciones fiscales a estas entidades.
“A partir de la fecha, los Organismos No Gubernamentales que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como Alianzas de Asociación” con entidades del Estado, comenzó explicando el régimen en un comunicado. Esta iniciativa, continuaron, obliga a las ONGs a presentar ante las autoridades del régimen “propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas, alrededor de temáticas particulares”, las cuales “el Gobierno y las Entidades del Estado podrán o no aceptar”.
Asimismo, sólo “una vez que el proyecto se desarrolle, la organización puede proponer otra Alianza de Asociación”, indicaron y “ningún programa o proyecto será objeto o sujeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales”, concluyeron las autoridades.
De esta manera, el régimen tendrá el control total de las actividades que realicen estos organismos en el país y tendrá la potestad total para bloquearlas, si así lo desea.
Medios opositores en el exterior no tardaron en criticar el anuncio, como lo hizo el portal 100% Noticias, que apuntó que “de ahora en adelante, las pocas organizaciones que quedan en pie en Nicaragua (…) deberán presentar un proyecto que sea manejado en alianza con la dictadura sandinista”.
Las nuevas disposiciones se conocieron en medio de la cruzada que el binomio Daniel Ortega – Rosario Murillo lleva a cabo contra estas organizaciones, a las que acusa desde 2018 de financiar la disidencia, que busca realizar un golpe de Estado a su gestión. Hasta el momento ya suman más de 3.600 las entidades cerradas, las últimas de ellas este martes.
Según informó el diario oficial La Gaceta, las autoridades cancelaron la personería jurídica a la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa (Cáritas de Matagalpa) junto a otras 14 instituciones sin fines de lucro. De las 15 totales, seis serán obligadas a traspasar sus bienes al Estado.
Como suele hacerlo, el Ministerio del Interior se distanció de las denuncias de disolución forzada y explicó, en su lugar, que el cierre unilateral responde al “incumplimiento” por parte de los organismos en lo que respecta al reporte de sus estados financieros de los últimos años. Desde el sandinismo aseguran que se trata de un proceso de ordenamiento surgido de que de las 7.227 ONG registradas en el país hasta 2018, no todas ellas estaban operativas.
La persecución contra estas entidades en Nicaragua se intensificó en 2018, luego de las masivas protestas antigubernamentales que reclamaban la salida del poder de Ortega. Entonces, las concentraciones fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad oficialistas -que dejaron más de 300 muertos, según la ONU-, y las ONG fueron acusadas de actuar en nombre de agentes extranjeros como financiadoras de dichas revueltas.
(Con información de AFP y Reuters)