Ante la decisión del gobierno nacional de prohibir el derecho de las personas privadas de su libertad a realizar el cambio registral de su identidad, LITIGIO consultó a Cristina Monserrat y Ursula Sabarece, activistas de la diversidad.
“¿Desde cuándo a la derecha le preocupan las mujeres detenidas?” La pregunta la plantea Cristina Monserrat, abogada de Capital Federal que sigue reflexionando y nos dice que en todo caso, si siguiéramos la lógica del gobierno, que hombres y mujeres son iguales, negando la vulnerabilidad creada por el patriarcado, “¿cuál sería entonces la medida para evitar la violación de varones en cárceles de varones?”
Para la abogada, “la identidad de género como percepción intima, solo requiere de la expresión de su titular, tal como lo establece la ley argentina y la opinión consultiva 24/2017 de la CIDH. No hay un intenciómetro que permita descalificar la intención o la sinceridad de quien transiciona. Por eso, no puede cuestionarse, porque no se puede inducir que siente una persona”.
Ursula Sabarece, activista travesti-trans de Fundación Furia Travesti, nos recuerda que “la ley de identidad de género es un derecho humano fundamental que garantiza la autopercepción y la identidad de las personas. Sin embargo, en el contexto de la privación de libertad, este derecho se ve restringido por las condiciones de detención y el sistema penitenciario, como muchos otros”.
“Las personas privadas de libertad no son solo números o estadísticas, sino seres humanos con derechos y dignidad. La ley de identidad de género no debe ser vista como un privilegio, sino como un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido y entiendo que hay que prestar atención para que no sea usada como una herramienta para burlar el sistema. Sin embargo, tampoco debe ser utilizada como una excusa para restringir los derechos de las personas trans y no binaries”, explica Sabarece.
“Serán las juezas y jueces quienes deben velar por el cumplimiento de las condenas y las condiciones de detención quienes harán un seguimiento de la situación particular, como se supone que deben hacer en todos los casos para garantizar todos los derechos de las personas privadas de libertad”, advierte.
Recuerda también que “la justicia penal es selectiva y que las personas más pobres y marginadas son las que más sufren en el sistema penitenciario. Es hora de trabajar para crear un sistema de justicia más justo y equitativo para todas y todos.”
Para Monserrat, además, “obligar a una persona a permanecer en un establecimiento carcelario destinado a personas de un género distinto al percibido es tortura y trato inhumano y degradante. Y si las personas detenidas corren riesgo en los lugares de detención, de exclusivo e intenso control del Estado, no es por la identidad de género de las personas allí alojadas, sino por el incumplimiento del Estado de asegurar que las cárceles sean sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos alojados en ellas, como dice el artículo 18 de la Constitución Nacional”.
Agregó que “si tenemos en cuenta el contexto de mensajes de odio, emanados de funcionarios y funcionarias nacionales, hacia la población travesti-trans y homosexuales y la reproducción en las redes del mismo presidente de agresiones hacia las infancias trans se evidencia que el gobierno ha decidido que el genocidio social trans escale a un genocidio institucional trans”.
