La gestión de Javier Milei confirmó que trabaja en un calendario de pagos extra, como había anticipado TN, que no comprometa la política fiscal y monetaria.
El Gobierno expuso que no puede hacer frente de manera total a la sentencia por unos US$1500 millones (1300 millones de euros más intereses) de la Justicia inglesa por la manipulación de estadísticas del INDEC en 2013, durante la presidencia de Cristina Kirchner, conocido como la causa Cupón PBI.
En la Casa Rosada indicaron que “por razones ampliamente conocidas” el país “no se encuentra en posición de pagar la totalidad de los montos adeudados”.
La confirmación llega luego de que vencieran los plazos judiciales para concretar el pago o que los acreedores ejecutaran la garantía de unos US$310 millones que la Argentina había depositado en Londres en marzo para poder apelar el fallo de primera instancia y que terminó de perder en octubre, cuando la Corte Suprema del Reino Unido desestimó tratar el caso. También pueden iniciar el proceso para intentar embargar activos argentinos.
Esos plazos se vencieron entre el 21 y 28 de noviembre. Al no pagar, los demandantes reclamaron ejecutar el dinero de la garantía. Según el Gobierno, esos fondos de garantía “permiten a los demandantes recuperar una parte de los montos” contemplados en la sentencia. En ese sentido, remarcaron que por estos días se evalúa, como adelantó TN, “un calendario para pagos adicionales” para cumplir con el fallo judicial.
En ese marco, enfatizaron que ese plan debe ser “consistente con el compromiso de la Argentina con la disciplina fiscal y monetaria, pilares de la política económica de esta administración”.
En octubre, luego de que la sentencia quedara firme, en el Gobierno descartaron un default y remarcaron que no había posibilidades de esquivar el desembolso. Sin embargo, dejaron entrever que se buscaría alargar los plazos para pagar el fallo: la garantía como un primer paso y luego negociar con los acreedores un calendario para hacer frente a los cerca de US$1000 millones pendientes.
Las alternativas en análisis pasan por entregar títulos públicos ya en el mercado o bien en la emisión de algún bono soberano, como se hizo para cancelar la deuda con Repsol tras la expropiación de las acciones que la compañía española tenía en YPF.
Cupón PBI: un conflicto con dos frentes abiertos
El conflicto judicial en torno al pago de los cupones PBI se originó cuando, en 2013, la Argentina decidió cambiar la fórmula que usa el INDEC para calcular el crecimiento de la economía. Esos bonos pagaban, precisamente, si el PBI aumentaba más de cierto nivel. El reclamo es que el país dejó de publicar el dato de PBI del último trimestre de 2013, cambió la fórmula y dijo que el crecimiento anual fue de 3,2%, justo debajo del 3,3% que gatillaba el pago.
Esta decisión generó reclamos en los tribunales internacionales. En Londres, por la versión del cupón PBI en euros; y en Nueva York, por la serie en dólares. El litigio europeo avanzó más rápido y ya en 2023 el juez de primera instancia condenó a la Argentina a pagar 1300 millones de euros por los intereses correspondientes al cupón PBI durante 2013.
Además, obligó al país a continuar publicando la serie vieja, desde 1993, y a abonar a todos los beneficiarios de los bonos si con esa serie correspondía hacerlo durante los años siguientes. En cambio, no permitió a los acreedores avanzar con embargos hasta que hubiera un fallo de la Corte de Apelaciones. Ahora que la apelación argentina fue rechazada, los beneficiarios de la sentencia pueden empezar su plan para confiscar bienes públicos.
