CHACO__ Será en la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, los días 3, 9 y 12 de diciembre. Están imputados los agentes de la Policía del Chaco, Rubén Ponce y Julio Rivero, y la oficial principal, Nélida Rojas. Todos, por el delito de privación ilegal de la libertad agravada por tratarse de funcionarios públicos. A Ponce y Rivero, se los acusa también de lesiones leves agravadas. Emanuel Agudo, un joven de 22 años con Síndrome de Down, fue detenido ilegalmente y golpeado durante su aprehensión el 8 de abril de 2024, cuando regresaba del gimnasio con rumbo a su casa en Sáenz Peña.
Emanuel Agudo, un joven con Síndrome de Down que vive en Sáenz Peña, salía del gimnasio con rumbo a su casa. Su trayecto era el de siempre: caminar por avenida 33 hasta llegar el barrio Nuestra Señora del Carmen. Ese día estaba lloviznando, por eso estaba con la capucha del buzo puesta sobre su cabeza.
Durante el recorrido, al llegar la intersección de la calle 46, justo en la esquina, apareció un patrullero. Dentro del vehículo estaban tres policías: la jefa a cargo, la Oficial Principal, Nélida Rojas y los agentes, Rubén Ponce y Julio Rivero, todos de la Comisaría Cuarta.
Supuestamente, buscaban a un sujeto que -según vecinos a quienes nunca pudieron identificar- estaba merodeando la zona de manera sospechosa. “¿Qué hacés ahí?”, le preguntaron desde el vehículo de mala manera a Emanuel. El escuchó que lo increparon con un “¿Vos sos chorro o qué?”. Las cámaras de seguridad de la zona confirmarán luego que Emanuel no hizo absolutamente nada ilegal.
Al ver el patrullero, y a esos tres policías armados, el joven se asustó y lo primero que atinó a hacer fue escapar. Corrió por calle 46 con rumbo a un pastizal cercano. De acuerdo a la imputación de la fiscalía adjunta de Derechos Humanos, los agentes Rubén Ponce y Julio Rivero, se bajaron del móvil policial y lo persiguieron a pie.
Fue Ponce quien logró detener su marcha a través de una zancadilla que hizo patéandolo desde atrás, para que pierda el equilibrio. Emanuel cayó pesadamente al piso, se golpeó. Ya reducido, le torcieron los brazos hacia atrás, lo levantaron bruscamente del suelo y lo trasladaron hasta el patrullero, donde lo dejaron ubicado en el asiento trasero.
Fue en ese momento que apareció una vecina que atendía un kiosco quien les advirtió a los policías que Emanuel eran un joven con discapacidad y que debían llamar a sus padres. Posteriormente llegó el papá y su hermana, quienes lo bajaron del patrullero y lo llevaron hasta su casa.
Grotesco y aberrante
Este hecho grotesco y aberrante ocurrió minutos antes de las 20 del 8 de abril pasado. Fue denunciado por los padres del joven y hasta el propio fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, se interesó en el caso, presentándose como denunciante. El expediente quedó a cargo de la fiscal Especial Adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar.
Emanuel sufrió lesiones físicas y también psicológicas. Del informe realizado por el Médico Forense del Poder Judicial, surge que el joven presentó una lesión leve en el hombro derecho, en la región del manguito rotador. El tiempo probable de curación e incapacidad laboral era menor a un mes.
En tanto que, del informe psicológico, se desprende que Emanuel se encuentra en condiciones de vulnerabilidad psico-emocional asociándose dicho estado a las circunstancias violentas a las que estuvo expuesto y que dieron origen a esta causa, las cuales han ocasionado un “profundo impacto intrapsíquico internalizándolas de manera traumática”.
“Lo antes dicho se agrava por dos cuestiones: la primera, el diagnóstico del joven de Síndrome de Down que determina una vulnerabilidad en sí mismo; y la segunda, que la exposición a esa vivencia estuviera asociada a personal perteneciente a la fuerza de seguridad pública quienes representan figuras de protección y amparo”, señala el informe.
A pesar de lo ocurrido, los tres imputados nunca dejaron de prestar servicio. Lo único que se hizo a modo de “reprimenda” por parte de la Jefatura de Policía fue trasladarlos a otras comisarías de la zona.
El juicio
Esta causa ya tiene fecha de juicio oral. Será en la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, los días 3, 9 y 12 de diciembre. El juez a cargo es Rodolfo Lineras y participará como querellante institucional la subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco.
Están imputados los agentes Ponce y Rivero, y la oficial principal Rojas. Todos, por el delito de privación ilegal de la libertad agravada por tratarse de funcionarios públicos. A Ponce y Rivero, se los acusa también de lesiones leves agravadas. Se espera la declaración de nueve testigos.
En diálogo con Hipermedios Uncaus, el abogado querellante de la familia, Ramiro Cabaña remarcó la falta de colaboración en esta causa por parte del personal de la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña. Esto teniendo en cuenta la reticencia por parte de la unidad policial de entregar el libro de guardias sumado a la información falsa que le dieron a la familia cuando fueron hasta el lugar para denunciar lo ocurrido y tuvieron como respuesta que ninguna mujer policía era parte del personal de esa unidad. Además, aseguró que la familia de Emanuel y los testigos fueron objeto de hostigamiento policial.
Cabaña agregó a LITIGIO un dato positivo. “En este juicio Emanuel es querella por sí mismo y no por representación de su padre. Esta situación, donde la persona con síndrome de Down es parte en el proceso, yo lo he visto muy poco. Y esto es muy importante en materia de inclusión judicial”, destacó.
